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Delito fiscal: todo lo que debes saber


El delito fiscal es una infracción penal que se produce cuando se produce una evasión fiscal a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local por un importe superior al fijado por la Ley, importe fijado actualmente de 120.000 euros para el caso de tributos de España (ya que en el caso de tributos supraestatales la cuantía difiere).

Así, por ejemplo, en el caso de defraudar a la Unión Europea, es decir que el delito fiscal sea de un tributo europeo, existirá delito fiscal siempre que la cuantía defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un año natural. En cambio, y en este ámbito, hay que tener en cuenta también que si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.

La doctrina entiende que defrauda el que omite ingresos tributarios y deja de ingresar la cuota correspondiente, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros y será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria.

Por ello, hay que tener en cuenta que no necesariamente es lo mismo el delito fiscal que el dumping.

¿Qué norma regula el delito fiscal?

El delito fiscal viene regulado en el artículo 305 del código penal, que indica que el que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria.

Hay que tener en cuenta además que, la mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no elimina la posible existencia de fraude fiscal, cuando este se acredite por otros hechos.

¿Cómo se calcula la cuantía defraudada?

Para calcular la cuantía defraudada debemos analizar dos situaciones:

Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada.

En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

Debemos tener en cuenta que cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.